En un Congreso marcado por la confrontación constante con el Ejecutivo estatal, la figura de Itzel Castillo adquiere una dimensión distinta al asumir la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo de Nuevo León. No se trata únicamente de una diputada más en tribuna, sino de la responsable de conducir las sesiones, ordenar el debate y garantizar el equilibrio en un Pleno donde la mayoría pende de uno o dos votos.

Su llegada a la Presidencia ocurre tras la gestión de Lorena de la Garza y en un contexto de presupuesto atorado, vetos y una relación ríspida con el gobernador Samuel García. Desde esa posición institucional, Castillo ha insistido en un mensaje reiterado: el respeto a la división de poderes. 

El Congreso actual enfrenta además un rezago superior a dos mil expedientes, producto de la parálisis política y de la constante judicialización de decisiones. Presidir un órgano con esa carga implica más que protocolo: supone construir consensos en medio de ideologías divergentes y tensiones partidistas. Castillo ha planteado que el ciudadano debe ser el eje para alcanzar acuerdos, aunque reconoce que la pluralidad complica los tiempos y las votaciones.

Uno de los episodios más delicados que ha marcado su trayectoria reciente es el conflicto en torno a la Unidad de Inteligencia Financiera estatal. La decisión de trasladarla a la Fiscalía General, respaldada por la Suprema Corte, fue presentada por el bloque legislativo como una medida para evitar su uso político. Castillo ha denunciado públicamente que, en la legislatura anterior, existieron actos de presión y persecución contra diputados y sus familias por no coincidir con el Ejecutivo. La gravedad de estas acusaciones no radica solo en lo anecdótico, sino en el debate de fondo: el uso institucional del poder como mecanismo de coerción política.

En materia de movilidad, su postura frente a las casetas y al incremento de tarifas también refleja un enfoque territorial. Diputada por Guadalupe en cuatro ocasiones por mayoría, ha defendido que la afectación económica de tres o cuatro pesos diarios en autopistas impacta directamente en la economía familiar. Su iniciativa para que las autopistas estatales sean gratuitas cuando existan obras paralelas busca evitar que decisiones administrativas recaigan exclusivamente en la voluntad del gobernante en turno.

Otro punto de debate ha sido la paridad obligatoria en municipios que nunca han sido gobernados por mujeres. Castillo considera que imponer candidaturas exclusivamente femeninas podría vulnerar derechos políticos y limitar la decisión ciudadana. Para ella, la equidad debe garantizar participación, no restricción.

En esta edición dedicada a mujeres, Itzel Castillo encarna un liderazgo que combina confrontación institucional, experiencia territorial y ambición abierta. Presidir el Congreso en un momento de alta polarización no es un rol decorativo: es ejercer autoridad en medio del conflicto. Y en ese terreno, su perfil se consolida como uno de los más visibles dentro del panismo nuevoleonés.